Impugnan ante la Justicia la posible designación de un juez para el Tribunal de Casación bonaerense

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La Asociación Abogados por la Justicia Social de La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS LPBE) presentó una acción judicial contra la posible designación como juez del Tribunal de Casación Penal de la provincia del actual secretario de Política Criminal de la Procuración, Francisco Pont Vergés, denunciado por violación a los derechos humanos.

La demanda presentada por AJUS LPBE ante la justicia en lo contencioso administrativo de la Plata reclama que se devuelva el pliego al Poder Ejecutivo para que la gobernadora lo rectifique, luego de las denuncias por violación a los derechos humanos presentadas contra el funcionario de la Procuración bonaerense.

El pliego de Pont Vergés está a consideración en el Senado bonaerense junto a los expedientes de otros 41 nuevos funcionarios judiciales, cuya aprobación podría darse en la próxima sesión con el voto del oficialismo, ya que la oposición pidió que no se nombren nuevos jueces previo a las elecciones.

En la demanda, a la que tuvo acceso Télam, la AJUS pidió también que en el caso de que la gobernadora decida ratificar el pliego, la Justicia determine si Pont Vergés aún cumple los requisitos exigidos por la Constitución para el cargo de juez.

Argumentaron que los hechos y denuncias siguientes a la postulación del actual secretario de Política Criminal de la Procuración violan el artículo 175 de la Constitución provincial y 28 de la Ley 11.868, cuyo texto obliga a quienes sean propuestos como magistrados tener solvencia moral, idoneidad y respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.

“El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Comisión provincial por la Memoria denunciaron ante el presidente del Senado bonaerense, Daniel Salvador que Pont Vergés persiguió al actual Defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano”, graficaron.

Explicaron que el funcionario inició un sumario administrativo y una denuncia penal contra Coriolano, quien investigaba al Servicio Penitenciario bonaerense por torturas y falta de asistencia médica a una mujer trans. 

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