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La Defensoría denunció que AySA aplicará un aumento mayor que el anunciado

Cuestionar que la empresa prepara para 2019 un aumento mayor que el anunciado, y confirmar la posibilidad de ir a la Justicia en caso de ser necesario, fueron los ejes de la presentación de la Defensoría en la audiencia pública donde se analizó el cuatro tarifario del agua que aplicará AySA para el año que viene.
Durante el encuentro, que tuvo lugar en Tecnópolis, el organismo que conduce Guido Lorenzino estuvo representado por el Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, quien expuso indicadores que reflejan el fracaso del esquema tarifario aplicado por la empresa estatal, y planteó que “la propuesta habla de un aumento del coeficente K, que fija una parte del valor de las tarifas, de un 44%, pero al analizar los números concretos de las distintas categorías aparece que el incremento real será de 48,5%, sumando más de 630% en los últimos cuatro años. El incremento de la inversión fue mucho menos, de apenas 172%”.
“Las cuentas incobrables sumaron más de $510 millones a fines de 2017, 56% más que un año antes. La incobrabilidad en 2018 podría ser aún más alta si se tiene en cuenta lo registrado en la ejecución presupuestaria del primer bimestre de este año que, llamativamente, es la última que fue difundida por el Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS). Creemos que la nueva propuesta de AySA, en lugar de generar los recursos que se requieren para hacer inversiones y mantenimiento, provocará una mayor cantidad de usuarios dejarán de pagar la boleta, como ya viene ocurriendo”, agregó Martello.
El Defensor del Pueblo Adjunto también expuso que “en la ejecución presupuestaria de AySA, también aparecen algunos gastos llamativos, como por ejemplo el sideral aumento de las erogaciones en publicidad y propaganda, que en 2017 sumaron más de $86 millones, un 71% más que el año anterior. Con este dinero se podría ampliar el beneficio la Tarifa Social (TS) e incluir a 33 mil nuevos beneficiarios”.
Hasta ahora, la TS se sostiene con recursos de la empresa AySA. En la audiencia pública de abril, la compañía había planteado que debido a la falta de financiamiento del programa con recursos del Tesoro Nacional se requería realizar un replanteo sobre el alcance del mismo hacia el futuro. En tanto, en la propuesta actual se busca instrumentar un esquema en que los aportes provengan del financiamiento de los tesoros de los respectivos gobiernos jurisdiccionales, y no de los mismos usuarios del servicio. Por ello, en el proyecto de presupuesto 2019 de la provincia de Buenos Aires, más precisamente el artículo 100, se fijó la suma de hasta $742 millones para atender el pago de compensaciones en concepto de tarifa social, con destino a AySA..
“Esta propuesta de la empresa constituye una medida absolutamente regresiva ya que transferir la responsabilidad del pago de la tarifa social al Estado bonaerense significa que se utilizarán recursos que aportan las personas que, en muchos casos, ni siquiera acceden al servicio de agua potable y cloaca”, explicó Martello. Y expuso que, al analizar la distribución de la TS, surge que Capital Federal y el norte del Gran Buenos Aires -donde están radicados los sectores sociales de mayor poder adquisitivo del país- concentran el 54% de los beneficiarios. Ello se debe a que, en las otras zonas, gran parte de la población ni siquiera tiene acceso a la red de agua y cloacas, por lo cual no reciben el mencionado beneficio.
“Para alcanzar el criterio de asequibilidad del derecho humano al agua, así como por justicia social, es necesario hacer subsidios cruzados, aumentar el costo de los servicios de agua a los deciles más altos que son los de mayores ingresos para subsidiar a los más bajos, y además replantear la tarifa del servicio de agua a los deciles medios”, agregó el Defensor del Pueblo Adjunto.
Martello remarcó la necesidad de avanzar con la instalación de medidores, para que cada usuario pague por lo que efectivamente produce. “Si tenemos en cuenta la cantidad de medidores que viene instalando AySA, se tardará 31 años en llegar a todos los usuarios del servicio no medido. Actualmente, solo el 11% de los usuarios tiene medidor”, añadió.
El Defensor del Pueblo Adjunto concluyó: “Una tarifa de agua justa, permite discriminar por niveles de ingresos, por zonas dentro de la ciudad, por giro o actividad económica, y en casos especiales permite apoyar a las personas de la tercera edad o a los discapacitados, convirtiéndose en una herramienta fundamental de la justicia social".

HCD

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