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La Defensoría planteó la necesidad de que se actualice la AUH

El Defensor Adjunto, Walter Martello, sostuvo que este beneficio “se devaluó y es necesario recuperar ingresos para garantizar derechos”.

Con un análisis de la actualidad de la Asignación Universal por Hijo y de las Asignaciones Familiares, además de un rechazo a la discusión por la baja de la edad imputabilidad, la Defensoría del Pueblo bonaerense fijó posición respecto a temas de interés sobre los niños, niñas y adolescentes.
Durante las Terceras Jornadas "Dejando Huellas por sus Derechos” en la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca, donde se conmemoró el Día Universal del Niño, el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, planteó que “la AUH se devaluó y es necesario recuperar ingresos para garantizar derechos”.
“Hay un deterioro socioeconómico que se evidencia en la evolución del poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH): hoy los beneficiarios pueden comprar muchísimos menos alimentos de primera necesidad que hace dos años”, explicó Martello, quien está a cargo del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría que conduce Guido Lorenzino.
En esa línea, el Defensor Adjunto sostuvo que “la AUH es la principal política del Estado para contener la situación social, pero está resultando insuficiente y pierde la carrera contra la inflación. Es necesario priorizar y reforzar las partidas presupuestarias de los programas sociales a nivel nacional y provincial. El nuevo impuesto al juego on line y a los premios de las tragamonedas podrían aportar una parte de esos recursos en la Provincia. Sólo con el juego on line, se calcula que recaudará 1400 millones en 2019, cifra siete veces superior al presupuesto actual del Programa Envión, el cual está destinado a chicos de entre 12 y 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social”.
Además, Martello consideró que “los consejos locales pueden funcionar como un importante primer dique de contención a la hora de intervenir ante la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero lamentablemente estos espacios, contemplados por el marco normativo vigente, en varios municipios no están funcionando o ni siquiera fueron creados”.
El Defensor del Pueblo Adjunto también destacó que el financiamiento de los programas sociales viene arrastrando un serio problema desde hace más de una década. “En 2006, el Ministerio de Desarrollo recibía poco más del 5% de los recursos totales de la Provincia y desde ese momento, con algunos vaivenes, comenzó a reducirse la incidencia. Hoy nos encontramos con que las políticas sociales solo recibirán en 2019 el 2,51%. De haberse mantenido la asignación de 2006, en términos porcentuales, al Ministerio de Desarrollo Social le correspondería en 2019 $47.000 millones más que lo pautado, es decir, el doble del presupuesto”, destacó Martello.
Por otro lado, Martello analizó la discusión en torno al debate por la baja de la edad imputabilidad. “Las estadísticas del Poder Judicial, a nivel nacional y provincial, muestran que en los casos judicializados la incidencia de los hechos delictivos cometidos por jóvenes de entre 13 y 15 años viene disminuyendo”, explicó, a la vez que sostuvo que en aquellos distritos donde se registra un aumento de las intervenciones judiciales, que involucran a adolescentes, son las regiones de la Provincia donde más están impactando el crecimiento de la pobreza y la indigencia.
“No hay datos empíricos que justifiquen la baja de la edad de imputabilidad ni las medidas de tinte xenofóbico para combatir y prevenir la inseguridad. La única manera de que tengan resultado las reformas que se pusieron en marcha hace 13 años, y que significaron un cambio de paradigma en lo que hace a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es que se le asignen los recursos mínimos necesarios, algo que no viene ocurriendo. Es un problema estructural, de arrastre, que atravesó los últimos tres gobiernos bonaerenses”, agregó.
Por último, Martello advirtió que “llama la atención que se ponga tanto énfasis en la edad de imputabilidad, cuando todos los informes dan cuenta de que en el delito juvenil hay factores muchísimos más importantes como las adicciones, el abandono escolar y la violencia intrafamiliar, que se potencian en épocas de crisis económicas. Actualmente, solo el 1% de los jóvenes que cometen delitos en nuestro país es de origen extranjero”.

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