A 47 años de la Masacre de Trelew

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A las 18:30 del 15 de agosto comenzó un masivo intento de fuga del Penal de Rawson, en la ciudad capital homónima de Chubut, De los más de cien prisioneros miembros de las organizaciones armadas Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros, solamente un grupo de seis personas y otro de diecinueve lograron su objetivo.

El jefe del operativo era Mario Roberto Santucho,  de Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros,  ambos grupos de evadidos— afirman que Marcos Osatinsky (de las FAR) había comenzado a planificar la fuga. El plan era realizar una fuga masiva de compañeros del Penal de Rawson, imitando la exitosa fuga que los Tupamaros habían protagonizado el 6 de septiembre de 1971 en la antigua cárcel montevideana de Punta Carretas, y que tuvo una gran repercusión en Uruguay.

Estos dos dirigentes, junto a Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna integraban el denominado Comité de Fuga, y fueron los únicos que pudieron huir rápidamente en un automóvil Ford Falcon que los esperaba, y trasladarse al entonces aeropuerto de Trelew (cuya pista es utilizada hoy en día por el Aeroclub Trelew, mientras que la terminal es un Centro Cultural por la Memoria para abordar un BAC 1-11de Austral Líneas Aéreas (matrícula LV-JNS), previamente secuestrada por un comando de apoyo, cuyos integrantes —entre los que se encontraban Víctor Fernández Palmeiro (alias el Gallego, del ERP) y Anita Weissen, (FAR)— viajaban como pasajeros.

El vuelo 811, que había despegado del Aeropuerto General Mosconi de Comodoro Rivadavia, con escalas en Trelew y Bahía Blanca, y rumbo al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. Llevaba un total de 96 personas, entre pasajeros y tripulantes. Una vez tomado el avión, el comando de apoyo pidió a los pilotos quedarse en la pista. Allí abordó el comité de fuga y esperaron al resto de los evadidos.

Mientras tanto, los dos camiones que debían esperar al resto de los fugados no se hicieron presentes en la puerta de la cárcel. Según algunos testimonios, esto se debió a una confusa interpretación de las señales preestablecidas (una frazada colgada de una reja). Según otros, al escuchar disparos del enfrentamiento con los guardias, pensaron que la operación había fracasado y optaron por continuar su marcha sin detenerse en la puerta.

Sin embargo, un segundo grupo de 19 evadidos logró arribar en tres taxis al aeropuerto. Allí, los que estaban dentro del avión decidieron, ante el peligro de la llegada de las fuerzas de la Armada y del Ejército, dejar de esperar y despegar rumbo al vecino país de Chile, gobernado entonces por el socialista Salvador Allende. El aparato llegó primero a Puerto Montt y finalmente a Santiago de Chile, donde los compañeros pidieron asilo. Los 19 compañeros decidieron tomar la terminal aeroportuaria de Trelew, en la que se encontraban unos pocos pasajeros y personal de las aerolíneas. Al mismo tiempo, un avión de Aerolíneas Argentinas que estaba por aterrizar fue desviado por la torre de control. Frustradas sus posibilidades de fuga y luego de dar una conferencia de prensa a cargo de Rubén Pedro Bonnet, se entregaron a los efectivos de la Armada que mantenían rodeada la zona, solicitando y recibiendo públicas garantías por sus vidas en presencia de periodistas y autoridades judiciales. Los hombres también pidieron retornar al penal de Rawson.

Una patrulla militar bajo las órdenes del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar, condujo a los prisioneros recapturados dentro de una unidad de transporte colectivo hacia dicha dependencia militar. Ante la oposición de éstos y el pedido de ser trasladados de regreso nuevamente a la cárcel de Rawson, el capitán Sosa adujo que el nuevo sitio de reclusión era transitorio, pues dentro del penal continuaba el motín y no estaban dadas las condiciones de seguridad.

Al arribar el contingente al nuevo destino de detención, el juez Alejandro Godoy, el director del diario Jornada, el subdirector del diario El Chubut, el director de LU17 Héctor “Pepe” Castro y el abogado Mario Abel Amaya, quienes acompañaban como garantes a los detenidos, no pudieron ingresar con ellos y fueron obligados a retirarse.

El espectacular intento de fuga y el éxito parcial de los seis máximos jefes guerrilleros, que más tarde lograron un salvoconducto para huir desde Chile hacia Cuba, El sentimiento generalizado era que se tomarían cruentas represalias a manera de escarmiento contra los demás protagonistas de la fuga, en caso de no lograrse la repatriación de los seis jefes guerrilleros evadidos.

Debido a esta percepción, en la mañana del 17 de agosto el Partido Justicialista envió un telegrama al Ministro del Interior Arturo Mor Roig (parte de la mesa directiva del Partido Radical) con el siguiente texto: «Reclamamos respeto derechos humanos presos políticos unidad carcelaria Rawson responsabilizándolo por su integridad física amenazada por medidas de represión».

Mientras el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse  presionaba por todos los medios al presidente Allende para que deportara a los fugados en calidad de prisioneros, toda la zona de Rawson y Trelew permanecía ocupada por fuerzas del Ejército Argentino y Gendarmería Nacional Argentina, quienes patrullaban continuamente y hacían prácticamente imposible cualquier nuevo intento de fuga. La propia Base de Trelew mantenía una dotación de 3000 efectivos de la Armada Argentina. ,

En un clima de absoluto hermetismo y gran tensión, la noche del 21 de agosto permanecieron reunidos en la Casa de Gobierno los miembros de la Junta de Comandantes en Jefe de las tres fuerzas armadas, colaboradores y ministros. No se brindó ninguna información a los periodistas que aguardaban noticias.

A las 03:30 del 22 de agosto, en la Base Aeronaval Almirante Zar, los 19 compañeros fueron sorpresivamente despertados y sacados de sus celdas. Según testimonios de los tres únicos  sobrevivientes, mientras estaban formados y obligados a mirar hacia el piso fueron ametrallados indefensos por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Sosa y del teniente Roberto Bravo, falleciendo la mayoría en el acto, y algunos heridos fueron rematados con armas cortas en el piso. Al terminar los disparos, los siete sobrevivientes fueron llevados a la enfermería, pero no se les prestó ningún tipo de asistencia médica. Los únicos tres sobrevivientes fueron trasladados al día siguiente a Puerto Belgrano, donde fueron intervenidos.

La versión oficial del suceso indicaba que se había producido un nuevo intento de fuga, con 16 muertos y tres heridos entre los prisioneros, pero sin bajas en las filas de la Marina.

La misma noche del 22, el gobierno sancionó la ley 19 797 que prohibía toda difusión de informaciones sobre organizaciones guerrilleras. En los días sucesivos, hubo manifestaciones en las principales ciudades de la Argentina, y numerosas bombas fueron colocadas en dependencias oficiales como protesta por la matanza.

Juan Domingo Perón calificó la masacre como un «asesinato».

Los compañeros fusilados fueron:

Alejandro Ulla (PRT-ERP)

Alfredo Kohan (FAR)

Ana María Villarreal de Santucho (PRT-ERP)

Carlos Alberto del Rey (PRT-ERP)

Carlos Astudillo (FAR)

Clarisa Lea Place (PRT-ERP)

Eduardo Capello (PRT-ERP)

Humberto Suárez (PRT-ERP)

Humberto Toschi (PRT-ERP)

José Ricardo Mena (PRT-ERP)

María Angélica Sabelli (FAR)

Mariano Pujadas (Montoneros)

Mario Emilio Delfino (PRT-ERP)

Miguel Ángel Polti (PRT-ERP)

Rubén Pedro Bonnet (PRT-ERP)

Susana Lesgart (Montoneros)

Los compañeros heridos, que lograron sobrevivir a la masacre y que dieron testimonio de los hechos, fueron luego asesinados durante el gobierno militar subsiguiente autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983):

Alberto Miguel Camps (FAR – muerto en 1977)

María Antonia Berger (FAR – desaparecida en 1979)

Ricardo René Haidar (Montoneros – desaparecido en 1982)

El parco comunicado oficial del gobierno al respecto fue brindado a la prensa por el contralmirante Hermes Quijada, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien a los pocos meses, el 30 de abril de 1973, fue asesinado a balazos en el céntrico barrio del Congreso —ciudad de Buenos Aires— por Víctor José Fernández Palmeiro del ERP —alias El Gallego— desde una motocicleta, quien a su vez cayó muerto por los disparos del chofer del militar.

En líneas generales, la explicación del gobierno mencionaba que al realizar el jefe de turno (el capitán Luis Sosa) una recorrida de control en el alojamiento de los presos, mientras éstos se encontraban en un pasillo, fue atacado por la espalda por Mariano Pujadas, quien habría logrado sustraerle su pistola ametralladora. Escudándose en el oficial los presos intentaron evadirse, pero el marino logró liberarse y fue atacado a tiros, resultando herido. En tal circunstancia —y siempre según los dichos del almirante— la guardia contestó el fuego contra los reclusos y se inicia así un intenso tiroteo, con los resultados conocidos: de los 19 reclusos, 16 fueron muertos y 3 heridos graves. Las obvias preguntas al respecto que realizaron los periodistas ante esta inverosímil declaración no fueron respondidas. Inclusive cuando se le preguntó si el capitán Sosa estaba realmente herido, el almirante Quijada respondió: «No puedo contestar. Es secreto de sumario.»

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