Justicia de golpistas que justifica los muertos

Municipio_Quilmes_2020

Por Juan Carlos Pinto (*)

La justicia siempre ha sido parte de la herencia colonial, que la república institucionalizó en privilegios para los poderosos y penalidades para la mayoría.

En definitiva las autoridades judiciales siempre fueron elegidas por los grupos de poder y a su servicio, y esto se acrecentó más en los gobiernos neoliberales.

En el proceso constituyente boliviano, se pudo instituir la elección de los magistrados y jueces por voto popular a partir del simple cumplimiento de requisitos básicos.

Se democratizaba la justicia, y sin embargo los resultados continuaron siendo nefastos para el pueblo, pues no bastaba ser del pueblo o IOC para hacer justa la justicia y enfrentar la corrupción.

Todos los postulantes eran abogados, egresados de las universidades bolivianas donde la mercantilización de la justicia van munidos de la propia corrupción, entonces los resultados no podían ser diferentes.

La justicia entró en una crisis aún mayor, y sin embargo en el marco de una necesidad de cambios, se encarceló a quienes habían incurrido en actos de sedición, mientras muchos escaparon del país, perseguidos por actos de corrupción en la función pública y no por ser políticos.

La justicia no pudo ser cambiada, porque el propio proyecto de Código Penal fue cuestionado por los grupos de poder que sintieron afectados sus intereses, y fue el principio del levantamiento de las clases medias que se vieron afectadas en sus expectativas.

Entonces prosiguió la carrera de una justicia corrupta, vendida al mejor postor, se puso en lugares claves a personas con prestigio profesional, pero que habían sido parte de los privilegios políticos del poder en el pasado neoliberal en tanto sectores de clase.

Se buscó hacer algunas modificaciones que debían aplicarse pronto, pero que no prosperaron. Entonces ocurrió el golpe intempestivo, y las cosas empezaron a cambiar en otro sentido.

De pronto se declaró prontamente una “amnistía” para quienes habían fugado del país acusados de corrupción, desde EEUU, personeros como Manfred Reyes o Sánchez Berazain que fueron parte del genocidio el 2003 manifestaron que prontamente regresarían al país, mientras por la frontera con el Brasil ingresaban aquellos acusados de haber masacrado a campesinos en el Porvenir, Pando.

Pero además el fiscal, de antigua filiación adenista, dispuso para el ministro de la presidencia, una comisión de fiscales, que estuvieran en los lugares de conflicto y masacre, para de manera inmediata avalar y legitimar los asesinatos producidos por las fuerzas armadas, pero además construir el sustento jurídico en todos los casos, aún sin autopsia, de que los muertos hubieran sido “muertos por los mismos manifestantes” porque las armas reglamentarias no hubieran sido utilizadas, como dijo el ministro de justicia “no se disparó ni un solo tiro por parte de las FFAA” cuando sobran evidencias en las redes de los cientos de celulares populares que ya no necesitan las cámaras de los medios de comunicación vendidos al gobierno de facto, para demostrar que fueron los soldados con armas regulares los que dispararon contra el pueblo desarmado.

Hoy la justicia pretende ser pronta y eficiente para penalizar al pueblo movilizado y para justificar las masacres del gobierno de facto para mantenerse en el poder.

(*) Referente de los movimientos sociales bolivianos

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