Comenzó a regir el decreto para crear una mesa de diálogo que analice la superpoblación en cárceles

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El decreto del Gobierno bonaerense que dispone la creación una mesa de diálogo para analizar las condiciones de alojamiento de detenidos en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario de Buenos Aires comenzó a regir hoy con su publicación en el Boletín Oficial provincial.

El decreto 24. que lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof; su jefe de Gabiente, Carlos Bianco; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, establece que la “Mesa Institucional de Diálogo” será coordinada por esa última cartera, que podrá convocar a participar “a organizaciones de la sociedad civil, y toda otra persona u organización que estime corresponder”.

Además, según la norma, se busca “promover la suscripción e implementación de los convenios necesarios para el alojamiento de los detenidos y detenidas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en Unidades Penitenciarias Federales o de otras Provincias”.

“Queremos que se advierta que hay una posición firme de este gobierno de asumir este desafío grave y pensar medidas que tiendan a su solución”, explicó ayer el ministro Alak al anunciar que Kicillof había firmado el decreto.

Es que la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia bonaerense había planteado la necesidad de crear una mesa de diálogo con representantes de los tres poderes del Estado, de organizaciones no gubernamentales relacionadas con los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.

Alak explicó que el objetivo de esa mesa, que se reunirá esta semana por primera vez y trabajará también en enero, será “analizar en forma institucional los reclamos que vienen efectuando los internos que están en el Servicio Penitenciario Bonaerense en cuanto a sus condiciones de detención”.

Explicó que “la herencia de superpoblación penitenciaria es tremenda” y detalló que las cárceles bonaerenses “tienen una capacidad para alojar a 23.000 personas pero aquí hay 49.000 internas e internos”, por lo que evaluó que se trata de “la superpoblación penitenciaria más grande del país”.

“Hay cuatro mil detenidos con prisión domiciliaria y otros cuatro mil en comisarías”, apuntó Alak y aseveró que el universo total de detenidos asciende a 57.000. 

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