Portuarios denunciaron la baja del 50% del costo de la estiba y la desdolarización de las tareas

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El interventor de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Ltda. de Puerto General San Martín, Juan Schaer, negó haber sido el responsable de “la baja del 50 por ciento de los costos de la estiba” y desconoció su “responsabilidad” por “la desdolarización” de las tareas que realiza el personal, que denunció “maniobras sospechosas” de la gestión.

La intervención judicial había sido ordenada por el el magistrado federal de la localidad bonaerense de Campana, Adrián González Charvay, y concluiría el mes próximo, luego de los seis meses que solicitó el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, lapso durante el cual “los trabajadores perdieron una parte importante del negocio de la estiba y sufrieron que la cotización de las labores se desdolarizara y se redujeran casi en un 50 por ciento los costos de los servicios en los puertos Timbúes, Gaboto y San Martín”, denunció el SUPA.

El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) local explicó que la mayoría de los trabajos y servicios de las agroexportadoras se cotizan en dólares, y los trabajadores negaron que en 2019 “se haya facturado más que en los dos años anteriores” a partir de la cotización del dólar, el proceso inflacionario y las sucesivas devaluaciones de la moneda.

“Las multinacionales continúan ganando y cotizando en dólares y, mientras en otros puertos del mundo se abona el servicio según la moneda estadounidense, la intervención judicial paga a los obreros lo que le da la gana”, afirmó en un comunicado.

El gremio explicó que de forma previa a la llegada de Schaer a la cooperativa, el servicio de la estiba competía en precio con los puertos mundiales, y ejemplificaron señalando que “la tarea manual en día hábil valía 0.5 dólares la tonelada y, en la actualidad, 0,32”.

“Es decir, un 35 por ciento menos. Y los costos continúan bajando. Lo mismo ocurrió con las cargas secas, de semillas y otros productos. El perjuicio para los ingresos de los trabajadores fue enorme y será muy difícil que se recuperen”, puntualizó el gremio.

El SUPA denunció que esa realidad fue consecuencia de “la sospechosa gestión de la intervención”, y mencionó como ejemplo “el caso del ex funcionario Marcelo Bianchi, ex gerente de Cargill y hoy ejecutivo de Bunge, dos de las más grandes cerealeras del mundo y habituales clientes de los servicios de estiba de los puertos santafesinos”, señaló.

“Hace pocos meses ese ejecutivo era responsable de las operaciones comerciales de la cooperativa y, al final del gobierno de Macri, pasó a integrar una de las principales firmas contratantes y formadoras de precios de la estiba”, continuó el sindicato.

Schaer, por su parte, negó que el precio de la estiba haya bajado y sostuvo que “las terminales realizan concursos de precios y, la cooperativa, es un competidor más”, y explicó que para presentarse a cotizar “es preciso tener una base sobre la cual hacerlo, porque las empresas lo hacen según el pliego de condiciones de las terminales”.

“Los empleados tienen convenio colectivo y perciben sus haberes según las horas que trabajan. No hubo baja de costos sino un récord en la carga de barcos. Incluso los socios percibirán los excedentes, que son superiores a los de 2019”, puntualizó el interventor.

Además, precisó que su gestión realizó “un informe sobre el estado de la cooperativa”; dijo que algunas cosas “se normalizaron, como la vigencia de un reglamento interno, de un Estatuto y de un Código de Etica aprobado por los propios socios”, y añadió que falta designar “un Consejo de Administración por parte de la intervención” judicial.

Schaer sostuvo en otro orden que el posible aggiornamiento del convenio colectivo laboral es “una discusión pendiente, porque existen categorías que se tecnificaron, por lo que la discusión no debería ser de la cooperativa sino de ésta con otras empresas de la estiba”. 

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