QUILMES, [ LA NOTICIA DEL DÍA ]

Masacre de la Comisaría Primera: una oficial será juzgada acusada de no haber evitado las tortura

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Una oficial de la policía bonaerense será juzgada desde esta semana como acusada de no haber evitado las torturas sobre cuatro adolescentes detenidos que murieron en una comisaría de Quilmes en 2004.

Por el mismo hecho otros diez policías, entre ellos un ex comisario, ya fueron condenados a penas de entre 3 y 19 años de prisión, de cumplimiento efectivo, por las muertes de Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).

De acuerdo a los voceros, el segundo juicio por el caso comenzará este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Quilmes por el delito de “omisión de evitar tortura”, que prevé una pena de entre 3 y 10 años de cárcel.

La acusada fue identificada como la oficial Romina Guaquinchay, actualmente en actividad y a quien el fiscal de juicio Claudio Pelayo ordenó que sea investigada en el primer debate, ya que había sido señalada por haber estado presente en la seccional mientras sucedieron los hechos.

Según las fuentes, la imputación de la fiscalía fue que formó parte de un cordón policial que apaleó a las víctimas cuando salían de las celdas todas quemadas y se dirigían a las duchas, pero no hizo nada para detener las torturas y, a su vez, al menos dos testigos la mencionaron con un palo en la mano.

Mientras que otros diez policías fueron sentenciados el 19 de octubre de 2015 a penas de entre 3 y 19 años por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 quilmeño, conformado por los jueces Alicia Anache, Armando Topalián y Alejandro Fortunato.

Pero un fallo de la sala III del Tribunal de Casación Penal dispuso luego el reencuadre legal de las penas al quitar agravantes y poner como atenuante “el excesivo paso del tiempo en la sustanciación del proceso penal”.

Por este motivo, el TOC 3 debió dictar nuevamente sentencia, pero aplicó penas levemente inferiores a las del primer juicio.

El entonces jefe de la seccional 1ra. de Quilmes, comisario Juan Pedro Soria, fue el más beneficiado por el reencuadre legal, ya que había sido condenado en 2015 a 10 años por “estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar tormentos”. Sin embargo, Casación entendió que Soria no tuvo responsabilidad en el incendio que provocó la muerte de los reclusos, pero sí en las torturas realizadas, por lo que los jueces lo condenaron a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Por su parte, el oficial inspector Fernando Pedreira recibió una pena de 16 años -3 menos que en 2015- por “vejaciones y torturas en concurso real”; mismo delito por el que el cabo Hugo Daniel D’Elía fue condenado a 9 años de prisión.

En tanto, el subcomisario Basilio Vujovic, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión; los agentes Franco Manuel Góngora y Gustavo Daniel Altamirano a 3 años y un mes; y la agente Elizabeth Fernanda Grosso, a 3 años y 3 meses, todos por el delito de “vejaciones”.

Asimismo, por el delito de “apremios ilegales” los oficiales Gustavo Humberto Ávila y José Gómez recibieron una pena de 3 años de prisión; y el oficial Juan Carlos Guzmán, 7 años.

El hecho ventilado en el debate ocurrió la noche del 20 de octubre de 2004, cerca de las 23.30 en la comisaría situada en la esquina de Alem y Sarmiento, en pleno centro de Quilmes.

Según la investigación, al momento de iniciarse el conflicto había 17 adolescentes detenidos en la dependencia, siete de ellos en un calabozo y los restantes 10 en otro.

Durante la tarde, los policías ingresaron en las celdas, los hicieron desnudarse y los golpearon, lo cual era una “práctica sistemática”, según declararon varios testigos, quienes añadieron que los detenidos eran obligados a pelearse entre sí y los uniformados “apostaban” a ver quién ganaba.

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