Fernanda Miño: “Después de esta pandemia vamos a tener que reconstruir el entramado social”

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Con la meta de mejorar las condiciones de vida en los barrios populares, el Gobierno ya inició trabajos en 20 de ellos, mientras planifica acciones en otros 100, para alcanzar el objetivo trazado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, de urbanizar 400 asentamientos por año.

Parte de la coordinación de esa tarea está en manos de la secretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Miño, quien indicó que ya están en marcha programas de “provisión de agua potable, luz eléctrica, veredas, salitas de salud, polideportivos, equipamiento y mejora de espacios sociales”, en el marco del plan Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares.

En una entrevista con Télam, Miño afirmó que “los números de la pobreza exigen una respuesta”, no sólo por la pandemia de coronavirus, sino también frente a “años de atraso y desatención”.

Los primeros trabajos ya están en marca en 5 partidos bonaerenses y en asentamientos de Río Negro, Entre Ríos y Santa Fe, pero la subsecretaría buscará abrir el diálogo con la Ciudad de Buenos Aires, donde, según Miño, “suele haber una política de maquillaje de los barrios populares”, es decir “buscan que se vean lindos pero quizás no mejoran la infraestructura”.

-¿Se puede avanzar con este tipo de programas aún en pandemia?

– Claro que se puede y estamos trabajando en conjunto con los municipios y los gobiernos provinciales en 20 barrios populares de todo el país, pero también estamos en conversación con otros 100 para abordar las necesidades más urgentes de la gente, que no solo pasan por el alimento sino también por los servicios básicos.

-¿Los números de pobreza que se difundieron recientemente son un llamado de atención?

– Nos exigen una respuesta. Sabemos que no son sólo producto de la pandemia sino de años de atraso y desatención. Por eso tenemos la fuerte decisión de trabajar para mejorar la situación de la gente. El ministro Daniel Arroyo nos puso una vara alta ya que nos pidió que lleguemos a 400 barrios por año.

-¿Qué tipo de obras están en marcha?

– Ya tenemos en marcha programas de provisión de agua potable, luz eléctrica, veredas, salitas de salud, polideportivos, equipamiento y mejora de espacios sociales donde hoy se entregan viandas porque la gente está sin trabajo y necesita también una ayuda alimentaria.

-¿Se cumple con el piso que establece la ley 27.453 de integración de barrios populares de que, como mínimo, un 25% de los trabajos deben ser realizados por cooperativas integradas por vecinos de esas mismas urbanizaciones?

-Sí. A través de las organizaciones sociales logramos que las obras que se están haciendo tengan ese porcentaje y en algunos casos aún más de trabajadores de cooperativas porque la idea, además de sumar infraestructura, es generar trabajo. También estamos respetando el cupo para que no sean sólo trabajadores sino también trabajadoras.

Mediante convenios con sindicatos, prevemos capacitar a los trabajadores y trabajadoras para las tareas más complejas. Por ahora hemos encontrado en los barrios mucha mano de obra calificada, muchos plomeros, gasistas, albañiles. Son gente que necesita trabajo porque quizás vivían de changas y con el aislamiento perdieron mucha actividad. Otra gente se dedicaba a la recolección para el reciclado y eso estuvo parado mucho tiempo por las restricciones a la circulación.

-¿Dónde están trabajando actualmente?

-En La Matanza, Lomas de Zamora, San Isidro, Almirante Brown, San Vicente y barrios populares de Río Negro, Entre Ríos y Santa Fe. No importa el signo político del Gobierno. Resulta inevitable que haya muchos proyectos en el conurbano ya que de los 4.400 barrios populares registrados, la mitad están en ese área. En ninguno de esos lugares trabajamos solos, sino que articulamos con el Gobierno provincial, el municipal y las organizaciones sociales que son las que tienen más llegada a los vecinos.

-¿Con qué presupuesto cuentan?

– La Secretaría tiene presupuesto propio (para el Programa Argentina Unida se prevén $17.400 millones en infraestructura para los inscriptos en el “Registro Nacional Barrios Populares”). Pero también tenemos convenios de financiamiento del BID para ciertos proyectos y de la CAF, además de un fideicomiso que surge del impuesto PAIS a la compra de dólares y está previsto que si se aprueba el aporte solidario a las grandes fortunas una parte vaya para la integración de los barrios.

– En relación con el derecho a la vivienda, en las últimas semanas se multiplicaron las tomas de tierras, ¿tiene intervención la Secretaría para destrabar los conflictos?

– Estas tomas son producto de la desesperación de la gente de no poder acceder a una vivienda. Son el resultado de políticas que no llegaron. Inmediatamente que se producen, me ocupo de hablar con las autoridades municipales para ofrecer líneas de trabajo y articulación. La idea es que se puede descomprimir la situación de los barrios populares cercanos mejorando la infraestructura.

Incluso tenemos en marcha el Programa Lotear que busca crear lotes sociales con servicios en tierras propiedad del Estado, las provincias o los municipios para generar una salida y evitar las tomas de tierras.

-¿Cómo ve la situación de los barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires?

– En la Ciudad de Buenos aires suele haber una política de “maquillaje” de los barrios populares. Buscan que se vean lindos pero quizás no mejoran la infraestructura. Ha habido buenas experiencias y nos gustaría tener coordinación. Con la pandemia no hemos tenido mucho contacto pero vamos a buscarlo. Nos llegan algunas quejas de los vecinos de que las Mesas de Participación son en realidad de comunicación de proyectos y que no los tienen mucho en cuenta.

La pandemia obliga a abordar lo urgente para que no ocurra lo del Barrio Mujica, donde murió gente por no tener acceso al agua potable para el aseo. Entonces la gente te dice que no tienen agua potable y les hacen una placita porque se puede mostrar en las fotos.

Pero eso no sucede solo en la Ciudad de Buenos aires, el agua corriente es un privilegio en muchos barrios populares del país. Hay zonas que siguen viviendo como cuando éramos colonia, a principios del siglo XIX. La diferencia con el resto del país es que, como nos arrojaron los datos del Indec, CABA tiene menos pobreza y mucho más presupuesto y aún así no soluciona la problemática del hábitat de los sectores populares.

-Sin embargo, hay muchos sectores que no están de acuerdo con que los barrios reciban los servicios gratis.

– Siempre hubo detractores de esta ayuda. Hay gente que no entiende que el Estado se ocupe de ayudar a una familia de seis personas que solo recibe un sueldo complementario de 8.500 pesos por mes. Yo los invitaría a los que critican la ayuda social a que vengan al centro cultural que tenemos en el barrio La Cava, en San Isidro, donde yo vivo. Antes, con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, dábamos talleres y cursos. Ahora damos viandas, y la olla nunca alcanza. Después de esta pandemia vamos a tener que reconstruir el entramado social.

– ¿Cómo es la situación a nivel servicios en La Cava? ¿Hubo alguna mejora en los últimos años?

– La Cava existe hace 60 años. Mis padres llegaron desde Chaco y se instalaron acá hace mucho y hay zonas en las que se hicieron mejoras y la gente pudo acceder a una vivienda, pero como no se hizo de modo integral ni planificado, volvían a tomar los terrenos que habían desalojado. La zona de El Pozo en La Cava está igual hace 30 años. Por eso queremos trabajar con el intendente Gustavo Posse para solucionar los problemas del barrio.

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