NACIONALES, [SUPOSITORIOS]

Continúan los repudios a las visitas de jueces a Olivos durante el gobierno de Cambiemos

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Miembros del Poder Judicial, abogados y organizaciones vinculadas al derecho continuaron ayer sumando su rechazo a las visitas a la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri protagonizadas por jueces y fiscales que intervinieron en causas políticamente sensibles en las que podía estar interesado el gobierno de Juntos por el Cambio.

La Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP) rechazó enérgicamente “cualquier falta de ética académica, la que podría resultar de disociar las enseñanzas universitarias de la práctica judicial, poniendo en riesgo el sistema republicano de gobierno y las bases mismas de la democracia”.

“Ningún/a profesor/a puede desconocer que resulta inadmisible toda conducta que ponga en crisis la independencia judicial de un país, sin perjuicio del eventual mal desempeño y/o responsabilidad penal de los/as magistrados/as del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos”, sostuvieron desde la asociación que nuclea a docentes de derecho penal de Universidades Públicas y Privadas de todo el país.

El comunicado lleva la firma, entre otros, del exjuez de la Corte Suprema de Justicia y profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Eugenio Raúl Zaffaroni; la diputada provincial de Santa Fe y titular de posgrado de la Universidad Nacional de Rosario, Matilde Bruera, y el fiscal federal y profesor asociado titular de la UBA Javier De Luca.

Los cuestionamientos siguieron desde distintos sectores vinculados con el mundo judicial aunque, al menos por ahora, la Asociación de Magistrados (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público (AFFUN) no emitieron comunicados referidos a estos hechos.

La abogada Peñafort, en tanto, remarcó que “no hay que bajarle el precio” a la “gravedad” de aquellas visitas de jueces y fiscales a Olivos porque se trató de “funcionarios públicos que violaban las leyes”.

En declaraciones a Radio Cooperativa, señaló que habrá “consecuencias sobre las causas que llevaban adelante” los camaristas cuyas reuniones quedaron en registros oficiales, mientras tramitaban casos de interés político.

“Que un juez o un fiscal sean amigos del Presidente no es delito, pero sí lo es que ese juez intervenga en casos en los que ese Presidente tiene interés. Eso es causal para que esa sentencia sea nula, por eso es tan increíble lo que hicieron (los camaristas Gustavo) Hornos y (Mariano) Borinsky de seguir interviniendo”, agregó.

Recientemente el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, dijo que “se deberán investigar y ver si se pueden poner en contexto” las reuniones que mantuvieron el expresidente Mauricio Macri con los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, en la Residencia de Olivos y la Casa Rosada.

Lugones dijo que espera “ver los datos que figuran (en las planillas oficiales de registros de visitas)” como para “poner en contexto qué fueron reuniones no casuales y qué tuvieron que ver con resoluciones judiciales tomadas”.

“Se verá si existe algún tipo de falta que merece alguna sanción”, dijo en relación a una eventual actuación del Consejo de la Magistratura en ese sentido, y agregó que “hay que pedirles explicaciones a ellos”, en referencia a los magistrados.

El titular de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, había dicho que “deben ser investigadas” las visitas de jueces y fiscales a la Quinta de Olivos durante el macrismo y pidió “no sacar conclusiones apresuradas”.

“Se justifica hacer una investigación sobre este punto por el canal que corresponde, que es el Consejo de la Magistratura”, indicó Gallo Tagle al hablar por El Destape Radio, donde también lamentó que “se avanza sobre conclusiones sobre el efecto (que estas visitas tuvieron) en causas judiciales, y eso es preocupante”.

La Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (Anjut) señaló que la mayoría de quienes se desempeñan como magistrados son personas “honestas, probas y dedicadas” y aseguró que “la conducta que se ha denunciado mediante fuertes evidencias respecto de un reducido y localizado grupo de jueces y miembros del Ministerio Público del fuero federal de la Nación, no refleja en modo alguno la labor cotidiana de juezas, jueces, fiscalas, fiscales y demás funcionarias y funcionarios de nuestro país”.

Por su parte, la asociación Justicia Legítima advirtió que las visitas de jueces y fiscales “revisten una gravedad institucional extrema” porque implican una “ruptura grosera del principio de división de poderes”.

Justicia Legítima sostuvo en un comunicado que “los registros publicados muestran que esas reuniones se concretaron en fechas que resultan coincidentes con pronunciamientos de esos mismos jueces o de los tribunales que integran, en causas seguidas en contra de integrantes de la oposición política, empresarios o titulares de medios de comunicación”.

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