CABA, [SUPOSITORIOS]

Presentan amparo para frenar en la Legislatura el proyecto para levantar torres en Costanera Sur

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Organizaciones sociales y ambientalistas presentaron un amparo judicial para frenar el debate en la Legislatura porteña del convenio urbanístico que habilita la construcción de torres en la Costanera Sur, al considerar que no cumple con la Constitución local, que prevé una audiencia pública obligatoria previamente.

El amparo fue motorizado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP) y la Defensoría de Laburantes.

La presentación coincidió con el inicio en la Legislatura porteña del tratamiento, en una reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto, del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno porteño y la empresa Irsa para cambiar la zonificación actual de una parcela de 71 hectáreas.

El proyecto apunta a habilitar allí nuevos usos del suelo para autorizar edificios de hasta 145 metros de altura, lo que en la actualidad está prohibido por la normativa urbana que solo permite construcciones de hasta 12 metros.

Como contraprestación, la empresa, que es dueña de los terrenos, cederá a la Ciudad el dominio de 48 de las 71 hectáreas para que sean espacios verdes y de acceso público.

“A los bloques legislativos que impulsan el proyecto y al Poder Ejecutivo se les pasó algo esencial a nivel constitucional, no cumplieron con la convocatoria a audiencia pública obligatoria que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 63 para proyectos de normas de planeamiento urbano”, indicaron desde el Observatorio.

A través de un comunicado, remarcaron que “el texto constitucional con claridad expresa que esta audiencia pública obligatoria debe convocarse antes del tratamiento legislativo que ya inició”, lo que llevó a la presentación de la acción de amparo “para que se ordene la inmediata convocatoria y realización de la audiencia pública, y la suspensión del trámite parlamentario”.

El artículo 63 sostiene que la convocatoria a una audiencia pública “es obligatoria antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos”.

De acuerdo a la agenda que maneja el bloque del oficialismo porteño, el expediente volverá a ser analizado el lunes próximo en la Comisión de Planeamiento con el objetivo de emitir un dictamen y llevarlo al recinto en la sesión del 5 de agosto.

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